Jesús Conill, 16/05/11Probablemente una de las primeras preguntas que surgen al leer el titular de este artículo es ¿Se puede hablar de ciudadanía económica para construir una innovación en el ámbito de la política democrática? Puesto que, en general se entiende que la ciudadanía está relacionada al ámbito político pero no al ámbito económico y que se caracteriza como el espacio de lo bueno mientras que la economía por el ámbito de lo malo, ambos por naturaleza.
Sin embargo si se echa una mirada a la formación histórica de las sociedades desde el mundo griego hasta las modernas actuales se podrá observar que la economía siempre tuvo espacio privilegiado en la organización de las estructuras que componían cada una de las sociedades. En la Grecia Antigua el jefe de la economía era el ciudadano, el padre de familia, es decir el sentido económico fundamental se origina en Grecia en donde el hombre de la casa era el responsable de la economía. En la época moderna la economía surge como un espacio de libertad – autonomía – para construir esferas de bien estar para los individuos, en donde sus intereses se coordinan por una institución, que son los contratos. En pocas palabras, la economía moderna es economía política. En el caso de las sociedades actuales se habla de consensos social demócratas. Lo económico contemporáneo es un campo de juego de libertad y libertades, un espacio más de la libertad plural en los diversos ámbitos, donde podemos ejercer nuestra ciudadanía, sea a través de liberalismos sociales o de socialismos democráticos. De tal manera que se ha aludido el significado de un liberalismo salvaje o un marxismo/leninismo revolucionario.
Considerando este breve recorrido por el marco histórico en que se mueve la construcción de las sociedades occidentales se puede afirmar que: se ha establecido en las sociedades modernas de facto un marco de ciudadanía económica, a través de los modelos social-demócratas que operativamente las han configurado. Todo esto, a partir de la institucionalización de: el mercado, la empresa, el Estado, los conjuntos de organismos internacionales que se fundan principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y, los medios de comunicación. Todos ellos, conforman una estructura que está organizada en forma de instituciones que se mueven tanto en un trasfondo económico como en marcos de actuación de carácter social.
Siendo así, faltaría razonar a cerca de cuales son los lugares en que los ciudadanos pueden actuar dentro de esta estructura institucionalizada de las sociedades modernas contemporáneas: primero, en la capacidad productiva – pues es donde se produce la riqueza y, también, la pobreza; segundo, en el consumo – una de las caras de la autonomía está en los ámbitos de consumo-; tercero, en el ahorro – es un lugar que da herramientas para poder ejercer la autonomía ciudadana -; cuarto, en las inversiones – pudiendo elegir entre los fondos sostenibles y responsables o los fondos de auto riesgo; quinto, a través de la participación político-económica tanto nacional como internacional – responsabilizándose por el desarrollo socio-económico global.
Asumiendo los argumentos que se han propuesto hasta el momento parece que se podría contestar de forma afirmativa a la pregunta que encabeza este artículo. Claramente se puede hablar de ciudadanía económica entendiéndola como un espacio de innovación en el ámbito de la política democrática, puesto que los espacios de formación de la ciudadanía están desde siempre firmemente relacionados al ámbito económico y son, principalmente desde la época moderna, condición de posibilidad el uno del otro.
En verdad, lo que parece todavía echarse en falta es la construcción de una ciudadanía activa que se haga corresponsable en la praxis del desarrollo de un modelo socio-económico sostenible. Y definitivamente abandone la pasividad ciudadana de esperar que después de la crisis económica las cosas vuelvan a sus roles “normales”, pues esto tampoco está garantizado. En suma, las herramientas propias del ciudadano económico se sostienen en el propósito de construir una autonomía responsable que a través de influencias de cooperación recíproca podría ayudar en el cambio de modelo socio-económico vigente.
