Shuang Li, Universidad Católica de Lovaina
Como país multiétnico, China se enfrenta a una situación lingüística compleja y a los retos políticos, sociales y económicos que conlleva. El hanyu (chino mandarín o putonghua), coexiste, como lengua oficial, con una variedad de lenguas minoritarias indígenas y desempeña las funciones más relevantes de la vida cotidiana. En este contexto multilingüe, el gobierno y los responsables de las políticas lingüísticas han encontrado maneras de promover una ciudadanía participativa y la integración social (Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, 2009; Li, 2013: 139; Zhou, 2004: 71-95; entre otros). Sin embargo, la función de la traducción (y de la interpretación) ha recibido una atención relativamente escasa como medida de promoción.
La política de la traducción, como se ha demostrado en otras partes del mundo (Diaz Fouces, 2004: 99-103; García González, 2004: 111; Meylaerts, 2011a; Núñez, 2014), puede ser de gran ayuda en las sociedades multilingües. Por ello, este estudio pretende investigar qué función desempeñan para las lenguas minoritarias las políticas de traducción que se están poniendo en práctica en China para la gestión del multilingüismo en el sistema judicial. Tomando como base las definiciones de política de la traducción de Meylaerts (2011b) y Núñez (2013), se analizarán los tres aspectos esenciales de la política de la traducción (esto es, la gestión de la traducción, las prácticas de la traducción y las convicciones sobre la traducción).
Se recogerán datos sobre la gestión de la traducción en relación a asuntos jurídicos a partir de la Constitución de la República Popular China y de la legislación nacional, provincial, local y comarcal, así como de directrices y reglamentos aprobados por organismos nacionales y locales. Se investigarán las prácticas de traducción en el sistema judicial a partir de estudios empíricos previos sobre las comunidades de minorías lingüísticas, prácticas autoevaluadas y otros materiales publicados. Por lo que respecta a las convicciones sobre la traducción, se tomarán como referencia materiales publicados. Además, se llevará a cabo una encuesta con una combinación de modelos cuantitativos y cualitativos. En primer lugar, las personas encuestadas se dividirán en cuatro categorías, concretamente: las autoridades o los responsables de la formulación de políticas, la ciudadanía que solo use lenguas minoritarias indígenas, la ciudadanía monolingüe hablante de mandarín y la ciudadanía bilingüe o plurilingüe que use tanto lenguas minoritarias como mandarín. En segundo lugar, se analizarán y se clasificarán los valores asignados por cada persona encuestada a las prácticas de la traducción de las lenguas minoritarias en el sistema judicial. Además, basándonos en las aportaciones de la teoría de la complejidad, se debatirán las conexiones complejas y las interacciones entre los tres aspectos de la política de la traducción mencionados.
Esta investigación ilustrará cómo las políticas de la traducción desempeñan una función positiva facilitando el acceso a la justicia a las minorías lingüísticas y promoviendo su participación en asuntos jurídicos. En particular, se defiende que una correcta y concreta gestión de la traducción puede ayudar a derribar las barreras lingüísticas en el sistema judicial, a contribuir al desarrollo de las lenguas minoritarias estandarizando y mejorando su terminología jurídica y a formar a profesionales en traducción e interpretación jurídica cualificados. Cabe destacar que tanto los tres componentes de la política de la traducción como los factores no lingüísticos (por ejemplo, factores políticos, demográficos o burocráticos) interactúan entre sí de un modo complejo, lo que puede dar lugar a diferentes funciones atribuibles a la política de la traducción, tanto positivas como negativas, en la gestión del multilingüismo en los servicios públicos.