Resumen de la comunicación «Traducir para inmigrantes y personas refugiadas en Valencia: la función de la traducción e interpretación en su acceso a los servicios públicos»

Najat Sijilmassi, Universidad Jaume I

La situación política actual del mundo árabe ha llevado a una migración masiva de árabes hacia los países europeos, movidos por la esperanza de encontrar una vida mejor. Sin embargo, uno de los primeros obstáculos con los que se enfrentan los inmigrantes y las personas refugiadas es la incapacidad de acceder a muchos servicios locales, especialmente a los servicios públicos, debido a la falta de dominio de las lenguas estatales. Este tema es especialmente crítico en relación con el acceso a la justicia. En muchas ocasiones, los recién llegados no tienen más opción que buscar ayuda entre otros inmigrantes o personas refugiadas que lleven más tiempo en el territorio, incluidos menores de edad, para que interpreten o medien entre ellos y los servicios públicos. La abrumadora falta de prestaciones de servicios lingüísticos por parte de los estados conlleva la no integración de estas personas en las sociedades de acogida, lo que afecta a su desarrollo personal y al desarrollo socioeconómico de las sociedades que los acogen. El objetivo de esta contribución es debatir un estudio de caso específico: el de personas inmigrantes y refugiadas  árabes que han escogido Valencia como su nuevo hogar. Se utilizaron dos métodos de recogida de datos: un cuestionario y protocolos de entrevistas personales. El cuestionario se diseñó para recopilar información sobre las diferentes situaciones en las que las personas refugiadas necesitaban asistencia lingüística: si la requirieron inmediatamente después de su llegada o durante todo el periodo de estancia en su nuevo país, si satisfacían sus necesidades y, en este caso, quién se hizo cargo de la mediación. Se llevó a cabo una entrevista semiestructurada con las personas encuestadas tras haber completado el cuestionario para recabar sus opiniones y puntos de vista en cuanto a cómo había repercutido la falta o presencia de mediación en sus posibilidades laborales, personales y sociales.

Resumen de la comunicación «La visión jurídica de los traductores e intérpretes no profesionales: de la tolerancia a la aceptación»

La traducción y la interpretación no profesional, aun siendo una práctica habitual, ha estado tradicionalmente alejada de los estudios de Traducción. Sin embargo, recientemente las conferencias dedicadas exclusivamente a la traducción no profesional en Forlì (2012), Mainz (2014) y Winterthur (2016) han abierto paso al tema en el mundo académico de la traducción. Hacía tiempo que esta atención era necesaria, especialmente si consideramos que los estudios universitarios de Traducción e Interpretación son recientes.

En esta contribución, estudiaremos la traducción e interpretación no profesional. Más concretamente, nos centraremos en cómo las legislaciones de dos países diferentes, Argentina y España, regulan la práctica de los traductores e intérpretes no profesionales. Tomaremos como ejemplo la legislación argentina y examinaremos cómo los traductores idóneos tienen un lugar en el mercado laboral.

Estas iniciativas intentan proponer una solución para el cada vez más complejo panorama lingüístico que propone retos crecientes para la Administración de Justicia, que tiene que solucionar conflictos en los que inmigrantes de diferentes procedencias lingüísticas necesitan una respuesta del sistema jurídico (solicitudes de estatuto de refugiados, pero también conflictos con el sistema penal o con otros ciudadanos).

Las posibilidades de muchos hablantes de lenguas minorizadas de recibir formación y de contar con una representación adecuada en el sistema judicial se ven gravemente reducidas, ya que solo participan traductores e intérpretes certificados y capacitados en situaciones que requieren mediación. Los bilingües no profesionales, por tanto, tienen una función muy necesaria para satisfacer una necesidad urgente.

En este póster, llevamos a cabo un análisis de los contenidos de las regulaciones española y argentina para encontrar puntos de convergencia y de divergencia e identificar los espacios vacíos que tenemos en la legislación estatal. Creemos que el propósito de las estructuras legislativas tiene que ser garantizar una comunicación eficaz para los migrantes en contextos jurídicos.

NOTA BIOGRÁFICA: Los autores de este proyecto son Vicent Briva Iglesias, Ester Gavilà Ferrando, Laura Segura Querol, Bruno Querol Rubio y Pedro Pablo Tejada Meseguer, estudiantes de Traducción e Interpretación en la Universidad Jaime I de Castellón. También son miembros de AEGEE, una asociación internacional de estudiantes que se centra en la educación cívica en Europa y que colabora estrictamente para mejorar la relación y el trato con los refugiados.

 

Resumen de la comunicación «La traducción de las minorías lingüísticas en China: un estudio sobre la política de la traducción en el sistema judicial»

Shuang Li, Universidad Católica de Lovaina

Como país multiétnico, China se enfrenta a una situación lingüística compleja y a los retos políticos, sociales y económicos que conlleva. El hanyu (chino mandarín o putonghua), coexiste, como lengua oficial, con una variedad de lenguas minoritarias indígenas y desempeña las funciones más relevantes de la vida cotidiana. En este contexto multilingüe, el gobierno y los responsables de las políticas lingüísticas han encontrado maneras de promover una ciudadanía participativa y la integración social (Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, 2009; Li, 2013: 139; Zhou, 2004: 71-95; entre otros). Sin embargo, la función de la traducción (y de la interpretación) ha recibido una atención relativamente escasa como medida de promoción.

La política de la traducción, como se ha demostrado en otras partes del mundo (Diaz Fouces, 2004: 99-103; García González, 2004: 111; Meylaerts, 2011a; Núñez, 2014), puede ser de gran ayuda en las sociedades multilingües. Por ello, este estudio pretende investigar qué función desempeñan para las lenguas minoritarias las políticas de traducción que se están poniendo en práctica en China para la gestión del multilingüismo en el sistema judicial. Tomando como base las definiciones de política de la traducción de Meylaerts (2011b) y Núñez (2013), se analizarán los tres aspectos esenciales de la política de la traducción (esto es, la gestión de la traducción, las prácticas de la traducción y las convicciones sobre la traducción).

Se recogerán datos sobre la gestión de la traducción en relación a asuntos jurídicos a partir de la Constitución de la República Popular China y de la legislación nacional, provincial, local y comarcal, así como de directrices y reglamentos aprobados por organismos nacionales y locales. Se investigarán las prácticas de traducción en el sistema judicial a partir de estudios empíricos previos sobre las comunidades de minorías lingüísticas, prácticas autoevaluadas y otros materiales publicados. Por lo que respecta a las convicciones sobre la traducción, se tomarán como referencia materiales publicados. Además, se llevará a cabo una encuesta con una combinación de modelos cuantitativos y cualitativos. En primer lugar, las personas encuestadas se dividirán en cuatro categorías, concretamente: las autoridades o los responsables de la formulación de políticas, la ciudadanía que solo use lenguas minoritarias indígenas, la ciudadanía monolingüe hablante de mandarín y la ciudadanía bilingüe o plurilingüe que use tanto lenguas minoritarias como mandarín. En segundo lugar, se analizarán y se clasificarán los valores asignados por cada persona encuestada a las prácticas de la traducción de las lenguas minoritarias en el sistema judicial. Además, basándonos en las aportaciones de la teoría de la complejidad, se debatirán las conexiones complejas y las interacciones entre los tres aspectos de la política de la traducción mencionados.

Esta investigación ilustrará cómo las políticas de la traducción desempeñan una función positiva facilitando el acceso a la justicia a las minorías lingüísticas y promoviendo su participación en asuntos jurídicos. En particular, se defiende que una correcta y concreta gestión de la traducción puede ayudar a derribar las barreras lingüísticas en el sistema judicial, a contribuir al desarrollo de las lenguas minoritarias estandarizando y mejorando su terminología jurídica y a formar a profesionales en traducción e interpretación jurídica cualificados. Cabe destacar que tanto los tres componentes de la política de la traducción como los factores no lingüísticos (por ejemplo, factores políticos, demográficos o burocráticos) interactúan entre sí de un modo complejo, lo que puede dar lugar a diferentes funciones atribuibles a la política de la traducción, tanto positivas como negativas, en la gestión del multilingüismo en los servicios públicos.