Convencidos de la relevancia creciente de la Responsabilidad Social (RS) como enfoque de gestión para las grandes empresas, ahora se observa cómo las pymes también acogen con gran naturalidad estas prácticas atentas a la sociedad y hacen de ellas incluso un vector estratégico. Hasta existen microempresas absolutamente comprometidas.
Pero el desborde de la RS hacia organizaciones que ya no son grandes multinacionales también ha llegado a organizaciones no lucrativas, como las fundaciones, a organizaciones del conocimiento, como las universidades, y a organizaciones públicas, como los ayuntamientos.
Aún así, no podemos afirmar que esta generalización de la RS hacia todos los sectores sea un progreso falto de dificultades. Si la gran compañía argumentaba que su único objetivo era ganar dinero, importando poco los medios, el sector público considera que un cierto sentido de la responsabilidad ya está implícito en sus valores, de manera que le resultaría redundante gestionar su RS. Craso error.
Siendo éste el punto de vista, la corporaciones locales más proactivas han empezado en estos dos últimos mandatos a fomentar la RS de las empresas, a la vez que notan aún muy limitadamente la necesidad de afrontar la gestión proactiva de su propia RS. Y no sólo para cumplir unas leyes que en ocasiones vulnera (la LISMI como ejemplo) sino para plantearse un modelo con metodología RS.
Modelo propio para las AAPP
Se podría afirmar que la lógica del servicio público es sustancialmente diferente de la actividad privada y que cada organismo público ha sido creado precisamente para hacer frente a una necesidad de la sociedad de forma que en ella misma ya sería una RS. Aun así, el sentido responsable de la función no dice nada sobre la manera como se gobierna una institución. Y hoy pocos afirmarían que las AAPP ya han llegado al final del trayecto en su modelo de transparencia, rendición de cuentas, etc. ¿Qué información tenemos las partes interesadas sobre cómo un organismo público ha satisfecho sus objetivos? ¿Cómo podemos dialogar y pedir aspectos sobre su rendimiento?
La RSA debe llevarse a cabo desde un modelo propio pensado para las singularidades del sector público, lo cual no pide una mera traslación de indicadores empresariales. Si para una empresa su primera responsabilidad es ser sostenible económicamente para poder continuar creando riqueza y puestos de trabajo, para el sector público el reto es poder llevar a cabo sus políticas públicas para lo que hoy en día hace falta ahondar en la efectividad y garantizar su legitimidad. El sector público corre el riesgo de creer, en virtud de su posición monopolística, que tiene garantizada esa legitimidad.
Un ejemplo de práctica donde hay recorrido a hacer sería en la compra pública y subcontratación socialmente responsable, procurando que atienda no sólo a criterios económicos, o que éstos no se limiten al interés del órgano contratante sino de toda la Administración e incluso de toda la sociedad. Muchas AAPP se conforman con llegar al 0’7% para cooperación internacional sin darse cuenta de que con la compra responsable se puede tener un potencial de cambio enorme ya que pueden modificar las condiciones del mercado.
También se puede dar un salto en participación ciudadana, que no se quede en lo formal y en la legitimación de decisiones tomadas, y que parta de la transparencia, más allá de lo puramente mecánico, y de una evaluación profunda de las políticas públicas, que supere la comodidad de una gestión de base presupuestaria que desatiende los impactos reales. En la gestión interna sería conveniente la integración de las prácticas de RS, que no estén desvinculadas de una estrategia de gestión del cambio.
Son algunos puntos de vista que intentan situar la necesidad de una RSA que integre, pero vaya mucho más allá de las prácticas ya conocidas, entendidas como una decisión global que afecta también a la dimensión política y transversalmente a todas las áreas técnicas.
Antes se debe asumir la gestión del cambio como una necesidad y una urgencia
Si no nos lleva a una mejora de la propia cultura organizativa, en un cambio fundamental en nuestro ADN corporativo, este esfuerzo será poco sostenible y decaerá con el tiempo. Más aún, cuando no hablamos tan sólo de incorporar unas determinadas acciones sino de generar un estilo, una transversalidad, una coherencia.
Ante la necesidad del sector público de profundizar en la función adaptativa, la RSA es el motor que puede favorecer que se afronten los nuevos roles de gobernanza pública, que se trabaje por unos territorios socialmente responsables y, en clave más amplia, que se avance en la definición de un nuevo contrato social que renueve la confianza y la asignación de papeles entre las partes.
La Fundación Étnor y el área de Filosofía Moral de la Universitat Jaume I de Castellón, dirigida por Domingo García-Marzá, se han unido en una pionera e innovadora iniciativa que une responsabilidad social, formación y comunicación 2.0.
Laura Alegre
Carmen Martí
