Kim Schulte, Universidad Jaume I
A primera vista, España parece un país moderno, abierto y progresista a la hora de afrontar los retos que plantea una sociedad postmonolingüe. En este sentido resulta crucial que el artículo 3.2 de la Constitución española de 1978 garantiza a las Comunidades Autónomas el derecho a que sus lenguas regionales sean cooficiales. Se está eliminando el estigma social del uso de las tres lenguas regionales cooficiales (el vasco, el catalán y el gallego) de forma gradual, en contextos formales y oficiales, gracias al estatus legal del que gozan y a las políticas lingüísticas que promueven su uso. Sin embargo, otras lenguas minoritarias se encuentran en una situación menos privilegiada.
Por una parte, existen lenguas índigenas iberorromances establecidas históricamente, como el asturiano y el aragonés (el primero tiene más de 100.000 hablantes nativos), de una protección y un reconocimiento comparativamente limitados. Este hecho plantea cuestiones pertinentes sobre el criterio que ha llevado a la distinción entre lenguas de primera y segunda clase.
Por otra parte, la migración en las últimas décadas ha conllevado la aparición de grandes comunidades lingüísticas cuyas lenguas no tienen ni estatus oficial ni reconocimiento. Así, hay más hablantes nativos de árabe y rumano residentes en España (alrededor del millón en ambos casos) que nativos de vasco y, además, en algunas zonas, las personas residentes de origen rumano superan el 20 % de la población (p.ej. Viruela, 2008). Estas minorías están mucho más condicionadas por su lengua a la hora de acceder a los servicios públicos dado que la mayoría de ellas no han pasado por el sistema educativo español y, por tanto, no han tenido la oportunidad de alcanzar un nivel de castellano (o de algunas de sus lenguas cooficiales) que les permita entender documentos oficiales o jurídicos correctamente. En ese aspecto, parece que no existe intención de proporcionar una disponibilidad lingüística equitativa.
Esta contribución tiene el objetivo de analizar en profundidad los factores sociales y políticos subyacentes que dan lugar a esta priorización de algunas lenguas minoritarias sobre otras mediante un enfoque postmonolingüe, que combina conceptos de la teoría postcolonial (hibridación y postcolonialismo) con otras nociones claves para los sociolingüistas como el prestigio, la diglosia y las actitudes lingüísticas (Garrett et al., 2003). Por último, se discute que el estatus y el reconocimiento de una lengua minoritaria es, principalmente, el resultado de una combinación compleja de factores históricos, políticos y económicos, en el que las necesidades reales del hablante de usar su lengua nativa tienen una importancia marginal.
Referencias:
Cortes Generales. 1978. “Constitución Española”, Boletín Oficial del Estado: Gaceta de Madrid 311.1.
Garrett, Peter, Nikolas Coupland and Angie Williams. 2003. Investigating Language Attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity, and performance. Cardiff: University of Wales Press.
Viruela, Rafael. 2008. “De Este a Oeste: la inmigración desde los nuevos países comunitarios (Rumania y Bulgaria)”, Cuadernos de Geografía 84: 127-134.