Carolina Seguí, Universidad Jaume I
La población española cuenta con unos 120.000 usuarios que se expresa en las diversas lenguas de signos del estado. Ninguna de estas lenguas está reconocida oficialmente y la normalización de su uso y su estandarización tanto en la administración como en la sociedad es una asignatura que sigue pendiente. En nuestro sistema, la ley que regula las lenguas de signos es la 27/2007, de 23 de octubre. Esta ley reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (BOE 255, de 24-10-2007). La consideración de que estas lenguas son de segunda categoría, muy a menudo, deja a la población sordociega indefensa frente a la administración y la justicia, así como en la educación. Esta propuesta considera otros modelos estatales en los que la lengua de signos es oficial. A partir del análisis concreto de la legislación austríaca, identificamos los ámbitos en los que es posible una regulación central para mejorar la situación de estos ciudadanos. Comparamos estas posibilidades con la legislación española vigente e identificamos los vacíos sobre los que el legislador debería actuar. La propuesta se sitúa dentro del postmonolingüismo, que intenta dar cabida a la pluralidad de identidades, más en concreto de idiomas, dentro de un mismo territorio y cultura. En esta corriente todavía no hay ningún estudio sobre la lengua de signos. La propuesta intenta concienciar de la minorización de los usuarios de lenguas de signos.
Referencias
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, núm. 255, de 24 de octubre de 2007, pp. 43251-43259