Luisa Rodríguez Muñoz, Universidad de Córdoba
La traducción jurada es una de las modalidades de traducción escrita en la que el profesional y el cliente directo comparten más estrechamente escenarios sociales. Debido, en parte, a la necesidad de intercambiar originales y no meramente archivos electrónicos, el profesional de la traducción jurada todavía recibe personalmente a quienes requieren sus servicios. Esta situación puede resultar una oportunidad o una amenaza dependiendo de la competencia interpersonal que el traductor haya desarrollado en su formación fuera y dentro de las aulas. Como garante de la autenticidad de traducciones de documentos procedentes del sistema jurídico de las personas migrantes, la figura del traductor-intérprete jurado es, además, una pieza clave de los procesos migratorios. En esa situación, el profesional se encuentra ante un patente desequilibrio de poder que exige una mediación y cuestiona la neutralidad que a menudo se vincula a la profesionalidad. En el ejercicio de su función social, el traductor-intérprete jurado asume una responsabilidad de servicio público que, en función de cómo se interprete, puede permitirle seguir construyendo su experiencia y conocimientos de manera interactiva, contextualizar su proyecto, visibilizar socialmente su profesión, fidelizar al cliente, diversificar sus servicios y entablar redes no oficiales forjadas sobre su conocimiento experto que visibilicen su pericia, discursiva y cultural, ante la crudeza de la burocracia migratoria. En esta comunicación se cuestiona el modelo de profesionalidad tradicional para la traducción-interpretación jurada y se abre un diálogo con el intervencionismo legitimado por un rol definido desde una perspectiva ética no tan nueva.