Tiziri de Valcárcel Cabrera
Coordinadora del Programa de Instituciones Penitenciaria de la CNSE
Los centros penitenciarios de España cuentan con unas 200 personas sordas reclusas para las que, hasta el año 2018 no existía recursos que les garantizara la accesibilidad en la información, participación y comunicación en igualdad de oportunidades que el resto de reclusos. El Programa de Atención a Personas sordas reclusas nace en el año 2018 en el seno de la CNSE, Confederación Estatal de Personas sordas y se enmarca en el Protocolo General de Atención a la personas con
discapacidad en el ámbito penitenciario de la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Desde finales de ese año la CNSE en colaboración con las 17 federaciones autonómicas que la integran, provee de recursos humanos y tecnológicos a los centros penitenciarios y a las oficinas de Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para garantizar la accesibilidad de la información y la comunicación a las personas sordas.
Para ello cuenta con profesionales intérpretes de lengua de signos y personas mediadoras
sordas que se desplazan a los centros penitenciarios, Centros de Inserción Social y Oficinas de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para garantizar que la comunicación sea accesible. Además, se ha incorporado el servicio de videointerpretación en lengua de signos (Svisual) en los centros citados como medida de apoyo a los recursos humanos garantizando así la accesibilidad en
las comunicaciones de las personas sordas reclusas con el exterior (profesionales y/o familiares con los que no podían comunicarse ya que solo existía la llamada telefónica) en igualdad de oportunidades con el resto de reclusos y la comunicación con los distintos profesionalesdel centros del ámbito penitenciario y extrapenitenciario.